Una introducción al enfoque de género en las políticas públicas

En la actualidad, y como resultado de las convenciones internacionales en la materia, muchos gobiernos han adoptado importantes compromisos tendientes a desarrollar propuestas que tiendan a la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas de éstas nacen de los acuerdos alcanzados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, donde los países se comprometieron a cumplir las siguientes acciones generales1: medir la contribución económica de mujeres y de hombres; crear nuevos métodos para medir el trabajo no retribuido que no se incluye en el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas, como el cuidado de los dependientes y la preparación de alimentos para el consumo del hogar; generar métodos y clasificaciones internacionales para los estudios sobre la utilización del tiempo en la medición del trabajo no retribuido; medir el desempleo y el subempleo de mujeres y hombres; definir conceptos y métodos para medir la pobreza y el acceso a los recursos; utilizar sistemas de estadísticas con perspectiva de género; generar datos sobre mujeres y hombres y su acceso a los recursos; revisar la adecuación del sistema estadístico en materia de cobertura de los aspectos relacionados con género, y preparar, en forma periódica, la divulgación de estadísticas en publicaciones apropiadas para una amplia gama de usuarios. De manera especial, se instó a los gobiernos a utilizar cifras con perspectiva de género en la formulación e implementación de políticas, programas, proyectos y estudios. Así mismo, cabe señalar que una gran cantidad de organismos internacionales para el desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, entre otros, enfatizan que la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas contribuye a aumentar la eficacia de sus acciones, mejora la comprensión de los procesos sociales, económicos y culturales, aumenta la transparencia, redistribuye mejor los recursos y las oportunidades, promueve la participación ciudadana y ayuda al fortalecimiento de la democracia. Del mismo modo, ya son muchos los organismos internacionales que han desarrollado políticas sobre la igualdad de género, como por ejemplo la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), que explicita que "al entrar al siglo XXI sigue comprometida a construir, en colaboración con sus socios, un mundo mejor para todos, en el que la desigualdad de cualquier tipo, ya sea por razón de género, clase, raza o grupo étnico, sea finalmente vencida."2 Es así como ODEPA, en su rol asesor de las autoridades públicas, a través del presente artículo pretende entregar información y algunos elementos que deben ser considerados al momento de integrar el enfoque de género en las políticas públicas, programas, proyectos y/o estudios. Para poder entender y aplicar el enfoque de género en las políticas públicas, programas y estudios, es necesario conocer los conceptos básicos sobre los cuales este enfoque se desarrolla. A continuación, y a manera de introducción al tema, se entregan algunos de estos conceptos3. Las diferencias que existen entre hombres y mujeres son tanto de tipo biológico como social. Sexo: el concepto de "sexo" hace referencia a las condiciones orgánicas que establecen diferencias biológicas entre hombres y mujeres; condiciones que son congénitas y universales. Género: el concepto de "género" incluye además las características socioculturales e históricas que determinan la forma como hombres y mujeres interactúan y dividen sus funciones. Estas características son modificables en el tiempo y varían ampliamente de una cultura a otra. Bajo esta acepción, género es una categoría social que permite analizar los papeles, responsabilidades, limitaciones y oportunidades diferentes de hombres y mujeres al interior de la unidad familiar, una unidad de producción, una comunidad, una nación o una cultura. Es necesario aclarar que el género no es sinónimo de mujer, ni sinónimo de discriminación o de reivindicación de grupos de mujeres. Por género, se entiende una categoría social que transciende las diferencias biológicas entre los sexos y se concentra en las diferencias y desigualdades de roles entre hombres y mujeres por razones del contexto socioeconómico, las condiciones históricas y políticas, y los patrones culturales y religiosos de las diversas sociedades en las cuales estas personas interactúan. La división genérica del trabajo es el proceso de distribución y adscripción de los diferentes roles, funciones y responsabilidades que la sociedad asigna a hombres y mujeres de acuerdo a lo que considera apropiado a cada uno de ellos. Los roles por género son el resultado de comportamientos adquiridos en una sociedad dada, que definen cuáles son las actividades, tareas y responsabilidades femeninas y masculinas. Dichos roles están condicionados por factores tales como edad, clase social, religión, pertenencia a grupos étnicos, origen regional, tradiciones, y se ven afectados por cambios inducidos a través de los procesos de desarrollo. En la vida diaria, los roles de los hombres y de las mujeres aparecen íntimamente relacionados, pudiendo ser similares, diferentes, complementarios o conflictivos. El análisis de la división genérica del trabajo ha revelado la existencia de tres tipos o categorías de trabajo o actividad: Trabajo productivo: incluye las tareas que dan origen a bienes y servicios que pueden ser cambiados o vendidos en el mercado. Por ejemplo, los cultivos agrícolas, la cría de ganado, la producción de artesanías, el trabajo asalariado, etc., así como aquellos que se dirigen a la autosustentación de la familia, como la mantención de una huerta, la crianza de animales menores, etc. En el caso de la agricultura, las mujeres participan en casi todas las fases y actividades de los ciclos productivos; la intensidad con que lo hacen depende de las formas que asume la división del trabajo en razón de los roles por género, el tipo de cultivo y sistema de producción y la estructura familiar. Trabajo reproductivo: comprende las tareas orientadas a la reproducción biológica y social de los miembros de la familia y de la fuerza de trabajo, que proporciona los bienes y servicios que son usados o consumidos por los miembros del hogar o de la comunidad. Así, las actividades típicas de reproducción y mantenimiento de los miembros de una unidad familiar r ural, incluyen la recolección de leña y agua, la preparación de alimentos, el cuidado de niños y ancianos, la socialización, la educación, la salud, el mantenimiento de la vivienda, la preparación y traslado de alimentos para los miembros de la familia que trabajan en el campo o en una empresa, entre otros. Trabajo comunal: comprende el conjunto de actividades que llevan a cabo los miembros de una comunidad: organización, ceremonial, gestiones para obtener servicios, política local, recreación, entre otras. Este tipo de trabajo rara vez es considerado en los análisis económicos de la comunidad; sin embargo, demanda gran cantidad de tiempo y dedicación. Se refiere a las condiciones de vida material de las personas. Hombres y mujeres pueden compartir las mismas condiciones de vida, pero éstas pueden afectarlos de manera diferente y llegar a priorizar soluciones distintas de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, las crisis económicas, la migración masculina y el incremento en el número de hogares cuyos jefes son mujeres, son factores que, si bien afectan al sector rural en su conjunto, han golpeado de manera más directa a las mujeres, al punto que se habla de una creciente feminización de la pobreza y de la agricultura. Se refiere específicamente a las condiciones en las que hombres y mujeres realizan el trabajo productivo, reproductivo y comunal. En el sector agrícola, todavía un gran número de mujeres realizan su trabajo en condiciones desventajosas, debido a que aún se mantienen algunas restricciones jurídicas respecto a la obtención de créditos, acceso a los recursos productivos, tales como tierras, agua, capital de trabajo, asistencia técnica, etc. La posición social se refiere al lugar que ocupan los hombres en relación a las mujeres y viceversa, en la escala social y económica y en la esfera política. En la agricultura, por lo general, los hombres ocupan la posición de productores/agricultores, mientras que las mujeres no siempre son reconocidas como tales. Ellas ocupan, generalmente, la posición de ayudante familiar no remunerada y de trabajadora estacional. Al momento de considerar el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas y estudios con enfoque de género se deben tener en cuenta algunos aspectos especiales, los que se explican a continuación. Lo primero para tener en cuenta es que el diseño e implementación de cualquier política, programa o estudio, ya sea en el sector urbano o rural, en la práctica tiene un impacto diferenciado sobre los diferentes sujetos sociales, es decir, las políticas no son neutras en términos de impacto. Por ejemplo, una misma medida afectará de manera diferente a grandes, medianos o pequeños productores. Así mismo, al interior de cada grupo, por ejemplo el de pequeños productores, estos impactos variarán dependiendo de la disponibilidad de activos, ubicación geográfica, potencial productivo, condiciones agroecológicas, nivel cultural, inserción en el mercado, fuente de ingresos, tipo de jefatura del hogar. La definición de políticas debe también considerar que dentro de este grupo heterogéneo se encuentran las mujeres, los jóvenes y diferentes etnias con sus propias potencialidades y necesidades particulares, que deben ser tomados en cuenta para aprovechar sus potencialidades y resolver sus problemas, con las acciones apropiadas a cada uno de ellos. Los análisis recientes de la agricultura en Latinoamérica4 muestran que la apertura de las economías y sus medidas de ajuste tienen un efecto diferenciado de acuerdo al tamaño de las explotaciones, observándose el impacto más negativo en las pequeñas y medianas unidades de producción agropecuaria, las cuales enfrentan mayores riesgos y exigencias en la adecuación de sus decisiones productivas. En estas unidades, donde las estadísticas han mostrado una participación creciente de las mujeres, es donde se hace más difícil su sobrevivencia, y las políticas son necesarias para que se hagan cargo de corregir o disminuir estos impactos negativos. Sin embargo, hay que considerar que la decisión de incorporar la equidad de género como criterio de política implica un largo proceso, cuyo objetivo último es lograr que en la definición de éstas se lleguen a considerar sistemáticamente los efectos diferenciados en hombres y mujeres de las acciones que se planifican. Otro punto que se debe tener en cuenta es que la mayoría de las políticas públicas suelen presentarse en un lenguaje genéricamente neutral, que en el fondo esconde un sesgo de género y muchas veces encubre la participación económica de las mujeres. Estudios recientes demuestran cómo las estadísticas han "invisibilizado" a cerca de 9 millones de mujeres rurales de Latinoamérica (IICA 1996)5. El trabajo de recoger agua y leña, el cuidado de los niños y los enfermos, la preparación de la comida, el cuidado de la huerta y los animales menores, entre otros, son elementos que quedan excluidos del análisis económico y, en la mayoría de los casos, la responsabilidad de este tipo de labores recae fundamentalmente en las mujeres. Como este tipo de tareas no se valora, tampoco se consideran los recursos necesarios para ejecutarlas; por ello, la política y el análisis económico sufren una desviación conceptual en términos de género. Lo anterior tiene consecuencias prácticas, ya que, cuando se formulan políticas para la reasignación de los recursos, la falta de consideración de estas actividades muchas veces va en contra de las mujeres, ya que se asume que ellas proseguirán, independientemente de la manera en que los recursos sean asignados. El trabajo de la mujer se considera elástico y se puede "estirar" para compensar cualquier déficit de recursos disponibles para la reproducción y mantenimiento de los recursos humanos. Así, muchos de los éxitos de las políticas se dan a costa de una jornada de trabajo más dura y más larga de las mujeres, que no es ni reconocida ni valorada en términos económicos. Este costo, que en la actualidad es invisible para muchos de los formuladores de políticas, porque es un tiempo no pagado, en el futuro se reflejará en el estado de salud física y mental de estas mujeres. En relación a la forma de insertar el enfoque de género, muchas veces surge la idea de que la forma más eficaz pasa por diseñar una política, programa o proyecto específico para el sector que está siendo afectado con la inequidad. Esta opción, que puede ser adecuada en aquellos casos específicos donde la exclusión hace necesario eliminar los obstáculos para dar acceso al grupo afectado a las oportunidades abiertas para toda la población, se ha comprobado que no es la mejor opción como receta general y puede ahondar la marginación de estos grupos, manteniéndolos en compartimientos separados. Por el contrario, se trata más bien de hacer que todas las instancias, niveles, formas operativas y organizacionales contengan de manera explícita el propósito y los medios para la participación igualitaria de mujeres y hombres. Se debe trabajar a mediano plazo para asegurar la integración sistemática del tema de género en las organizaciones. Aunque muchas veces una propuesta de integración transversal puede ser más difícil y más cara, debido a que concierne a todos los sujetos de la empresa u organización, se ha comprobado que resulta ser, a largo plazo, más efectiva en relación a su costo. Otro punto que debe ser considerado a la hora de integrar el enfoque de género en el diseño de políticas, programas y estudios, es la información con que se cuenta. Por lo general, las estadísticas nacionales y las encuestas, así como los instrumentos de recolección y procesamiento de información, tienen el sesgo de ocultar la participación económica de algunos individuos de la sociedad. Es así com o, por lo general, los proyectos de desarrollo no cuentan con información sobre la división de trabajo por género6. Por lo anterior, las personas que dirigen las organizaciones y toman las decisiones, muchas veces lo hacen con una visión distorsionada de la realidad. En el caso del sector agrícola, por ejemplo, con el fin de conocer la realidad en la cual se trabaja, es necesario incluir un análisis de género en el diagnóstico de las regiones, empresas rurales, sectores productivos, organizaciones, etc. Entre otros aspectos, se debe determinar quién hace cada actividad, con qué recursos e instrumentos se cuenta para ello, cómo se distribuyen y controlan los beneficios, quiénes toman las decisiones, quiénes participan en la generación de los ingresos, cuáles son los factores condicionantes de la división del trabajo existentes. Si se logra obtener la información señalada anteriormente, se pueden conocer las características de la población objetivo de las políticas, proyectos y programas de desarrollo rural. Igualmente, para lograr una clara evaluación de los resultados de su implementación, es necesario definir quién es quién en la población objetivo seleccionada. Definiciones tan genéricas como "las familias", o las "unidades campesinas", o "los pueblos indígenas", o "los productores", pueden ocultar desigualdades existentes entre mujeres y hombres o entre estratos de productores y productoras. Con esta información es posible incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo de la definición de políticas, proyectos, estudios, etc. Es decir, en las metas, los objetivos, los resultados esperados y el presupuesto, se debe hacer mención explícita de la participación diferenciada de hombres y mujeres, con el fin de evitar efectos discriminatorios y promover instrumentos más igualitarios. Los indicadores de seguimiento y evaluación deben poder también decir cuánto se avanzó en términos de equidad de género. En otro ámbito, la conformación de los equipos de trabajo es otro de los aspectos afectados por la introducción de un enfoque de género. Asegurar que las mujeres tengan acceso a participar en todas las instancias, incluyendo las de poder, debe responder a un esfuerzo sostenido por c mbiar los estereotipos ocupacionales por género. En cuanto a las unidades productivas, este aspecto debe también reflejarse en la promoción de la participación equitativa de hombres y mujeres. Finalmente, es importante también desarrollar instrumentos que permitan el acceso equitativo a los recursos productivos, a la generación y transferencia de tecnología, al financiamiento, a la transformación y comercialización de productos, a la capacitación, a la reconversión productiva, a la gestión empresarial, entre otros. Se debe proveer a los profesionales y técnicos de conocimientos y pautas sobre cómo superar la inequidad y cómo brindar oportunidades especiales, tanto a hombres como a mujeres, para acceder a los recursos y servicios del desarrollo. El nuevo enfoque de modernización agrícola que se impulsa a partir de las actuales declaraciones y acuerdos internacionales, se basa en la premisa de que éste debe ser incluyente y sostenible en términos de género. Es decir, que permita la participación de hombres y mujeres en condiciones de equidad, valorice apropiadamente el trabajo de cada uno de sus integrantes, contribuya a reducir la pobreza y garantice la eficiencia de los procesos productivos, mediante la adecuada inserción de las consideraciones de género en las políticas, programas, proyectos y estudios que se desarrollen al interior de cada país. Para poder introducir con éxito el enfoque de género, se debe tener claro en primer lugar que el tema de género no es un tópico sólo de las mujeres, sino que, por el contrario, involucra tanto a hombres como a mujeres y que su fin último es resolver el tema de la desigualdad de oportunidades. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los beneficios de las políticas y programas de desarrollo no se distribuyen igualitariamente entre las personas que participan de ellos y que se necesita información desagregada por sexo para poder elaborar instrumentos que tomen en consideración estas dificultades. En tercer lugar, este enfoque debe ser incorporado en todas las etapas del ciclo de desarrollo de las políticas públicas. Por último, pero no menos importante, hay que considerar que, de manera similar a lo que sucede con el tratamiento del medio ambiente, el enfoque de género es de carácter transversal y, por lo tanto, demanda modificaciones en todos los niveles de las organizaciones. 1 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995. Naciones Unidas. Nueva York. 1996. 2 "Política de la ACDI sobre la igualdad de género". 3 Marco conceptual para el análisis de género en la agricultura. Elaborado por el proyecto Género, Mujer y Desarrollo, Programa III, IICA.1993. 4 Participación y género en la planificación del desarrollo agrícola: problemas clave de diez estudios de caso. Servicio de la Mujer en el Desarrollo. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, 1997. 5 Productoras de alimentos en 18 países de América Latina y el Caribe: síntesis hemisférica. En Productoras Agropecuarias en América del Sur. IICA. San José, Costa Rica. Kleysen, B. y Campillo, F. 1996. 6 Transversalización de la dimensión de género en la Política de Estado para la Agricultura Chilena 2000-2010. Patricia Bifani-Richard. Santiago, septiembre 2005. Pilar Eguillor Recabarren

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Fecha de Publicación:
2004
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