Coyuntura macrosectorial, noviembre 2003.

Luego de cerca de dos años de trabajo, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas entregó su informe al Presidente de la República. El estudio plantea el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la elección de representantes propios ante el Congreso Nacional, la implementación de Territorios Indígenas, el reconocimiento de su identidad cultural y un aumento de presupuesto para las políticas orientadas a su desarrollo. La propuesta fue valorada por el Presidente como "un esfuerzo pluralista por tratar de comprender nuestra historia", pero fue acogida con reparos por parte de personas e instituciones ubicadas en lados opuestos de una profunda trinchera invisible. La lluvia de descalificaciones, desde "colonialista" hasta "atentatorio contra la unidad nacional", no se hizo esperar. El Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) manifestó su oposición a dictar leyes especiales para las comunidades indígenas, ya que ello atentaría contra el concepto jurídico de una nación única. Menos belicosa fue la reunión donde el Director del Servicio de Impuestos Internos no acogió la petición formulada por la SNA, en el sentido de eliminar las retenciones de IVA que se efectúan a productos agrícolas. El funcionario consintió, sin embargo, en informar anticipadamente los valores de los reavaluos de bienes raíces agrícolas y aseguró que el reglamento para el sistema de contabilidad simplificada estará disponible en marzo de 2004. Otra institución del Estado; el Servicio Nacional de Aduanas, aprobó la Resolución exenta N°4239 que modifica el Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras y establece que, previa habilitación de un recinto para el almacenamiento de mercancías extranjeras, las materias primas, artículos semielaborados, partes y piezas que ingresan transitoriamente al país para ser transformadas, armadas, integradas, elaboradas, refinadas o sometidas a procesos de terminación, para luego exportarlas en un plazo de 180 días, pueden acogerse al régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. Ello implica que las mercancías quedan liberadas del pago del arancel a las importaciones, ya que los productos que ingresan bajo esta modalidad no se nacionalizan, de modo que mantienen su calidad de extranjeros. Esto representa un cambio en los procedimientos vigentes hasta ahora, según los cuales un exportador sólo podía acogerse al sistema si el 50% de sus insumos eran nacionales. La medida aduanera responde a una petición formulada por los empresarios en la mesa público-privada establecida con el fin de modernizar el sector exportador, en el marco de los recientes Tratados de Libre Comercio. Los nuevos procedimientos agilizarán el proceso de tramitación, reducirán los costos y se traducirán en un aumento de la competitividad de nuestras exportaciones. Esto resulta particularmente oportuno considerando que el significativo aumento en el valor del transporte marítimo, unido al deterioro en el precio del dólar, el que se cotizó en 646 pesos en octubre, y a la próxima entrada en vigencia de la normativa estadounidense sobre bioterrorismo actuarán en sentido opuesto, elevando los precios en destino de las exportaciones chilenas. El sector exportador ha tenido un notable desempeño en el último tiempo, imprimiendo dinamismo a la economía. Las cifras de Producto Interno Bruto, PIB, publicadas recientemente por el Banco Central, dan cuenta de este fenómeno. Durante el tercer trimestre de 2003 las exportaciones de bienes y servicios crecieron 13,5%, respecto de igual período del año anterior. Entre enero y septiembre el PIB nacional acumula un alza de 3,2%, comparado con los tres primeros trimestres de 2002. Considerando el comportamiento sectorial destacan: la minería, con una expansión de 6,7%, seguida por la actividad agropecuaria silvícola, que anota un alza de 5,1 por ciento. La industria manufacturera, que aporta el 17% PIB, creció por debajo del promedio, 2,3%, y la pesca registró la única cifra negativa, al caer 5,3 por ciento. Los indicadores de empleo confirman la fortaleza de la actividad silvoagropecuaria. En el trimestre julio - septiembre de 2003, la fuerza de trabajo llegó a 728 mil personas, los ocupados ascendieron a 677 mil y la tasa de desocupación sectorial se situó en 6,9 por ciento. Los índices de producción y ventas físicas de la industria agro procesadora experimentaron, en septiembre, alzas de 3,6% y 4,4%, respectivamente. La balanza comercial de productos silvoagropecuarios registró un saldo positivo de 3.438 millones de dólares a septiembre de 2003, producto de exportaciones por 4.447 millones de dólares e importaciones por 1.009 millones de dólares.