Evaluación del desempeño ambiental de Chile 1990 - 2004 por parte de la OCDE.

La evaluación del desempeño ambiental (EDA) es un proceso que analiza las acciones ambientales de un país (a partir de la información disponible y la discusión con actores relevantes) y las relaciona con el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos internamente y emanados de acuerdos internacionales, así como también con criterios de buenas prácticas de gestión ambiental promovidos por la propia OCDE1. Con la información recolectada se concluye sobre las áreas donde hay avances y retrasos importantes y, finalmente, se proponen recomendaciones para mejorar la gestión pública.Chile ha decidido someterse voluntariamente a esta revisión, por una parte por el interés de ser miembro de este conglomerado de países, pero también como un primer ejercicio de reflexión y análisis sistemático sobre el trabajo realizado desde 1990 a la fecha en la temática ambiental. Este proceso comenzó en agosto de 2003 con la firma del Acuerdo de Cooperación entre SEGPRES, OCDE y CEPAL y continuó con la entrega de un informe por parte de Chile en junio de 2004. Recientemente (entre el 2 y el 11 de agostos de 2004) visitó el país un grupo de expertos con el fin de participar en reuniones sobre el desempeño ambiental, tanto a nivel nacional como regional y con diversos actores públicos y privados. Posterior a esto, la OCDE elaborará un informe que es enviado a Chile para análisis y comentarios el que posteriormente será presentado al conjunto de los países miembros para recibir sus opiniones. Una vez resueltas las conclusiones y recomendaciones al país, el documento es presentado oficialmente por autoridades nacionales y representantes de la OCDE, lo que se espera ocurra en abril del próximo año.Desde el punto de vista sectorial, el informe enviado a la OCDE por parte de Chile, da cuenta de las presiones a los recursos naturales, de las razones que las explican y de las medidas que se han tomado a nivel público y privado para mitigarlas. A continuación se presentan los principales planteamientos relacionados con la actividad silvoagropecuaria contenidos en el informe. Hacia fines de la década de los años setenta, la política agrícola estaba centrada en alcanzar el autoabastecimiento alimentario, lo que forzó el uso agrícola de suelos frágiles principalmente con cultivos de cereales y leguminosas, provocando un importante proceso de deterioro de los suelos. Un estudio realizado en la década de los años setenta, por el Centro de Información de Recursos Naturales, estableció que para un universo de 35,5 millones de hectáreas, un 33,5% presentaba niveles de erosión grave o muy grave, cifra que incluye no sólo los suelos afectados por la agricultura, sino también praderas degradadas y zonas afectadas por incendios y vientos excesivos sobre una cubierta vegetal pobre.La política de apertura económica seguida por el país, caracterizada por la baja unilateral de aranceles y los acuerdos de comercio suscritos, derivaron en un aumento de la importación de alimentos y en la reconversión de suelos hacia la ganadería. Esta política, en conjunto con el incentivo establecido para esos efectos en las zonas más erosionadas, también permitió la reconversión hacia plantaciones forestales, lo que ha llevado a la salida de la agricultura de los suelos más frágiles. Esto se evidencia en la baja de superficie de cultivos como las leguminosas de secano (la superficie cultivada de lenteja, garbanzo y arvejas pasó de 29 mil hectáreas en la temporada 1989-1990 a 6 mil en la temporada 2002-2003) y, fundamentalmente, en la focalización del cultivo de trigo en las zonas en que resulta ser más competitivo: suelos fértiles, planos o de lomajes suaves del valle central y precordillera, bajando la superficie cultivada de 583 mil hectáreas en la temporada 1989-1990, a 415 mil hectáreas en la temporada 2002-2003.A su vez, en los suelos con riego en la zona central se produjo un importante avance de los rubros más dinámicos de exportación: frutales y viñas, cuyas superficies totales, en conjunto ascendieron de 171 mil hectáreas en 1990 a 214 mil hectáreas en el año 2002. Estos cambios en la estructura productiva han respondido fundamentalmente a una focalización del capital sobre rubros de mayor rentabilidad, y a un abandono del cultivo en suelos frágiles que no están en condiciones de competir con la importación de commodities agrícolas.En materia de uso sustentable de suelos para la agricultura es importante mencionar la creación del Programa para la Recuperación de Suelos Degradados, que promueve el uso conservacionista del recurso en las explotaciones agrícolas (Ley N°19.064 y DFL N°235 del año 1999). Este instrumento es de aplicación nacional y tiene como objetivo detener o revertir los procesos de degradación de los suelos como la sostenida pérdida de fósforo disponible, la acidificación progresiva y la erosión.La excepción en cuanto a avance de la agricultura sobre zonas que no eran cultivables se ha presentado en la zona norte y centro del país. En las Regiones III y IV, desde la década de los ochenta, y gracias al desarrollo de sistemas de riego de alta tecnología, el cultivo de parronales de uva de mesa se incrementó en forma importante en suelos de laderas del norte del país, que por ser zonas de muy baja pluviometría y que en su estado natural actual poseen vegetación de baja cobertura, no representan en la práctica un aumento en su vulnerabilidad. En la V Región, zona central del país, durante la última década se ha desarrollado una importante superficie de huertos productores de paltas, que de 8 mil hectáreas plantadas en 1990 pasaron a 23 mil hectáreas en la actualidad. Estas plantaciones cuentan con riego tecnificado, y se desarrollan sustituyendo matorrales de ladera presentes en el área de baja pluviometría de la V Región.Los rubros agrícolas más competitivos en el marco de apertura han desarrollado un proceso de intensificación que ha implicado un aumento en el uso de plaguicidas, cuya importación al país aumentó desde 7.805 toneladas en 1990 a 21.195 toneladas en 20032 . Para mitigar su impacto se ha avanzando en el desarrollo de normas, regulaciones y programas para un uso y manejo racional. Desde 1990, se ha prohibido o restringido, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 9 sustancias que resultan nocivas para la salud de las personas y el medio ambiente. Se ha prohibido la importación, fabricación, venta, distribución y uso de los siguientes plaguicidas agrícolas: Sales orgánicas o inorgánicas de mercurio (1993); Mevinfos (1994); 2,4,5 -T, Clodimeform, Toxafeno o Canfeclor (1998); Lindano (1998); Paratión Etilo y Metilo (1999); Hexaclorobenceno (2002); Mirex (2002); Pentaclorofenol y sus sales (2004). En el año 2001, se restringe el uso y manejo de todas las formulaciones de plaguicidas agrícolas que contengan Paraquat como ingrediente activo. En el año 2002, el SAG ejecutó un inventario nacional de existencias para identificar la localización y las condiciones de almacenamiento de las existencias de plaguicidas basados en compuestos orgánicos persistentes (COPs) a nivel nacional. Además el SAG, ha dictado diversas resoluciones sobre plaguicidas de uso agrícola.En cuanto a la aplicación de plaguicidas, mediante la Resolución N°2147 de julio de 2002, el SAG establece el Reconocimiento de Aplicadores de Plaguicidas para las personas que aprueben cursos de capacitación en el buen uso y aplicación de plaguicidas.En materia de posible erosión genética, de las especies cultivadas en Chile, y por tanto de las que se ha liberado material genético al medio ambiente, ya sea por desarrollo en el país o importación, diez están presentes naturalmente en Chile. De esas, sólo la papa presenta superficies importantes de cultivo, y por ser su reproducción de tipo vegetativa, es bajo el efecto de erosión que técnicamente podría presentarse en los cultivares nativos. Para atenuar lo anterior, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) mantiene un banco de germoplasma para asegurar la conservación de estos recursos.En cuanto a liberación de organismos transgénicos, se cuenta con la Resolución SAG N°1523 del 2001, que establece normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos vivos modificados (OVM). Es así como en Chile, sólo se permite el cultivo de semillas transgénicas para la exportación, previo análisis de riesgo y exigencia de medidas de bioseguridad. En la actualidad se trabaja bajo la coordinación de la Subsecretaría de Economía en la formulación de un proyecto de Ley Marco sobre Seguridad en la Biotecnología que aborde el tema en toda su dimensión, e integre los temas de salud, liberación para el sector industrial y acuícola. El bosque nativo ha registrado históricamente importantes presiones. Tradicionalmente desplazado por la expansión de la frontera agrícola, explotado para la producción de leña desde la segunda mitad de la década de los años setenta y hasta mediados de los noventa, enfrenta una fuerte presión por sustitución ante la rápida expansión de las plantaciones forestales. Durante la década de los años ochenta, se reactivó su explotación para la producción de materia prima pulpable, que bajo la forma de astillas se exportaba para abastecer la industria papelera japonesa.Desde entonces cambios de precios en los mercados mundiales de material pulpable de fibra corta, ante la rápida expansión del cultivo de eucalipto, y cambios en los mercados internos de tierras, han disminuido la importancia de los procesos de explotación y sustitución de bosque nativo, que estuvo fuertemente presente en el debate nacional durante la década de los ochenta y principios de los noventa.Esta tendencia a disminuir la presión sobre el bosque nativo se ha visto reforzada también por fenómenos nuevos como el cambio del patrón energético nacional, que desvió el consumo industrial de leña hacia otros combustibles como el gas natural. Por otra parte, a nivel del consumo de los hogares del sur de Chile, además del gas ha incrementado su participación la leña proveniente de plantaciones de eucalipto. Finalmente, otro elemento preponderante ha sido la exigencia de certificación que enfrenta en los mercados externos la producción de la industria forestal local, dado que los programas de certificación privada impiden la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales. 1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 2 Si bien incluye los plaguicidas de uso domiciliario e industria, en gran medida se vincula directamente al sector de producción agrícola primaria.