Análisis prospectivo del sector forestal

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Issue Date:
2005-06-16
estudiosArtículos

El presente documento corresponde a un resumen del análisis señalado anteriormente. Su objetivo es proporcionar los antecedentes más relevantes acerca de la realidad del sector forestal chileno, junto con identificar algunos elementos claves para elaborar una Política de Estado para el Sector Forestal, que tenga como finalidad incrementar los beneficios sociales que se obtienen de este importante sector económico. El documento parte con una reflexión crítica acerca de una actividad que, no obstante tener grandes logros en el ámbito productivo y macroeconómico, es percibida como generadora de significativos problemas ambientales y de tener una relación muy poco amistosa con la sociedad. Además, la ciudadanía percibe que la institucionalidad forestal es débil, por lo que no garantiza el debido resguardo de los ecosistemas del país, el uso sustentable del bosque nativo ni la conservación de la biodiversidad. A partir de este estado de situación, se analizan los factores que condicionan el aporte que el sector forestal hace al desarrollo nacional. Finalmente, se presentan algunos programas de acción que permitirían obtener un mayor beneficio social de las actividades forestales, en base a un modelo de desarrollo sustentable. El subsector productivo asociado a las plantaciones forestales genera actualmente un 3,5% del PIB y un 12,5% de las exportaciones nacionales, con aproximadamente US$ 3.200 millones durante el año 2004 (en base a la cosecha de 25 millones de m3 de pino y eucalipto). La evolución de las plantaciones forestales del país permiten proyectar nuevas inversiones industriales por cerca de US$ 3.000 millones durante los próximos 5 años, las que permitirán llegar a exportaciones anuales por cerca de US$ 4.500 millones a partir de 2010 (con un nivel de cosecha de aproximadamente 35 millones de m3 anuales). En estado de régimen, a partir de 2020, será posible cosechar cerca de 45 millones de m3 de pino y eucalipto. Este subsector productivo tiene acceso a una infraestructura industrial, vial y portuaria moderna y competitiva. El mercado de exportación de los productos forestales chilenos se basa en bajos costos de producción, redes de comercialización consolidadas, un adecuado nivel de diversificación de productos y destinos, y una oferta reducida en relación al nivel de consumo mundial. También existen condiciones macroeconómicas estables que favorecen la inversión y la innovación, junto con una acción de gobierno que respalda el desarrollo del sector y reconoce su carácter estratégico para el país. La estructura productiva del subsector se caracteriza por una alta concentración de la propiedad forestal y de la industria primaria (aserraderos y plantas de celulosa), las que están integradas verticalmente: dos empresas controlan el 70% de la superficie plantada y generan el 75% del valor de las exportaciones. Esta situación permite a las grandes empresas forestales acceder a tecnologías que dan mayor productividad a sus plantaciones, una condición necesaria para competir y crecer en el mercado internacional. Como contraparte, esta situación limita el desarrollo de las PYME forestales, las que, insertas en un mercado oligopsónico, tienen problemas para hacer rentables sus plantaciones. Además, limita la capacidad de producción de las PYME industriales, las que compiten en condiciones de desventaja para lograr su abastecimiento y los servicios que necesitan para su operación, así como para colocar sus productos en el mercado. El manejo de las plantaciones forestales da empleo directo a cerca de 40 mil personas, las que mayoritariamente trabajan en empresas de servicios que proveen la mano de obra y las maquinarias necesarias para realizar las operaciones de silvicultura, cosecha y transporte. Las principales empresas de servicio tienen un buen nivel de productividad, comparado con estándares internacionales. Bajo el alero de las grandes empresas, de las que son prácticamente dependientes, han ido incorporando las mejores técnicas disponibles para realizar su gestión y han alcanzado condiciones laborales y de seguridad adecuadas, contratando mano de obra calificada en forma relativamente estable. Los propietarios forestales no-industriales se relacionan con las empresas de servicio de menor tamaño. Estas empresas han ido mejorando su gestión en el tiempo, pero siguen rezagadas en términos de tecnología y acceso a capital, y además trabajan con personal menos calificado y de carácter temporal, lo que afecta la calidad de sus servicios. En relación con el nivel de empleo asociado al manejo del recurso forestal, hay una clara tendencia hacia la mecanización de las faenas, lo que se refleja en el hecho que la producción ha aumentado significativamente en los últimos 10 años, sin que haya aumentado el número de personas que trabajan en esta actividad. El procesamiento de la madera da empleo directo a cerca de 30 mil personas en la industria primaria y a 35 mil en la industria secundaria (productos elaborados de madera, tales como muebles, puertas y ventanas). Aproximadamente el 80% de la demanda laboral proviene de las PYME. En general, estas empresas tienen dificultades para acceder al crédito, a las nuevas tecnologías y a los sistemas de gestión y de certificación, con los consecuentes problemas para competir tanto en el mercado nacional como en el internacional. Esta situación se da, además, en un marco de escasa articulación e integración, lo que ha impedido a parte importante de las PYME conformar redes con otras empresas del sector y con los centros de investigación. Tales limitaciones restringen el desarrollo de las habilidades productivas que se requieren para enfrentar mercados más diferenciados, en donde los lotes pequeños son importantes. En definitiva, la industria forestal tiene diversas barreras estructurales para las PYME, e incluso para empresas medianas-grandes, que, de no ser resueltas, llevarán a que sólo un número reducido de ellas subsistan en el tiempo. La distribución geográfica de las plantaciones forestales se caracteriza por una tendencia a ocupar la máxima superficie continua posible, desplazando a otros tipos de uso de los suelos. Esto genera un proceso de despoblamiento de determinadas zonas rurales, particularmente de la gente más joven, que migra hacia centros urbanos. La parte más calificada de esta población desplazada se puede incorporar al trabajo forestal, pero en general existe una descapitalización social y económica del campesinado. Con ello, se está comprometiendo la persistencia de los mecanismos empleados tradicionalmente por la población campesina e indígena para llevar adelante su reproducción social, económica y cultural. Chile tiene aproximadamente 5,8 millones de ha de bosque nativo potencialmente productivo, de las cuales 3,4 millones corresponden a bosques adultos y 2,4 millones a renovales. La mayor parte de este recurso tiene problemas de edad y calidad, que limitan severamente su utilización desde el punto de vista maderero: en promedio, sólo un 23% del volumen útil es aserrable, en tanto que el 77% restante corresponde a madera pulpable y leña. Diversas evaluaciones económicas realizadas para determinar la conveniencia de manejar los bosques productivos indican que es p osible obtener una rentabilidad privada atractiva en los casos con mejor condición de desarrollo, aunque su conveniencia es cuestionable en los bosques deteriorados en términos madereros. No obstante lo anterior, los bosques nativos, independientemente de su estado, tienen en la actualidad un uso mayoritariamente orientado a la extracción de leña (6 a 8 millones de m3 anuales) o simplemente están abandonados. Por este motivo, pese a su gran extensión, el bosque nativo tiene una baja contribución a la economía del país. Esta situación se debe, en parte, a la existencia de problemas económicos estructurales que influyen más en las decisiones de manejo que la rentabilidad financiera de cada bosque evaluado en forma individual. Los principales problemas estructurales son la inexistencia de mercados estables para los productos forestales nativos, el considerable nivel de capital de trabajo requerido y la carencia de información precisa relacionada con el desarrollo de los bosques manejados. Además, las externalidades del bosque nativo generan un conflicto de uso, debido a la diferencia de rentabilidad efectiva que perciben los propietarios y la sociedad en torno a este recurso. De hecho, la carencia de un acuerdo nacional sobre el uso adecuado del bosque nativo ha dificultado la realización de proyectos industriales. Producto de ello, propietarios que podrían estar manejando apropiadamente sus bosques productivos no se han interesado en esta alternativa, con la consecuente pérdida de empleo rural. Por estos motivos, el mercado de la madera de especies nativas es muy restringido en la actualidad, estando básicamente relacionado sólo con esfuerzos empresariales individuales, de mediano a pequeños niveles de producción. La participación de los productos del bosque nativo ha decrecido significativamente en el comercio internacional del país: en 1993, los 10 principales ítem de exportación asociados al bosque nativo alcanzaron al 9,4% del monto total exportado, principalmente en base a la producción de 3 millones de m3 de astillas; mientras que en 2002 su participación fue del 1%, con una producción de astillas prácticamente nula. Chile se caracteriza por la gran diversidad y singularidad de su patrimonio natural, con presencia de especies, ecosistemas y territorios de notable valor ecológico, debido a su elevado endemismo. Para resguardar este valioso patrimonio se han creado múltiples áreas silvestres protegidas, siendo ésta la acción reconocida mundialmente como la mejor estrategia para la conservación de la biodiversidad. Actualmente, la mayoría de los ecosistemas del país están representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el cual abarca un 18,6% de la superficie continental. El creciente desarrollo de iniciativas privadas de conservación de áreas silvestres representa un valioso complemento al SNASPE, pero todavía se carece de un sistema interconectado de áreas protegidas públicas y privadas, lo que constituye un factor limitante para mejorar la conservación de la diversidad biológica. El país tiene una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad, que considera planes de acción de corto, mediano y largo plazo. El plan de acción de corto plazo está en etapa de ejecución y debería estar terminado en diciembre de 2005. Los planes de acción de mediano y largo plazo están en etapa de definición, pero en ellos se considera como prioritario articular una red pública-privada de áreas protegidas que permita resolver los problemas de conservación que están siendo agudizados por aquellas actividades productivas que tienden a fragmentar los ecosistemas y a incrementar la vulnerabilidad de las especies de flora y fauna. Esto es especialmente relevante para la protección del patrimonio ecológico de la zona central del país, el que tiene escasa representación en el SNASPE y está sujeto a múltiples amenazas. El acelerado crecimiento económico del país conlleva una fuerte presión sobre el patrimonio natural, la que ha sido contrarrestada mediante acciones legales y normativas para la protección ambiental. También se ha avanzado en la legislación ambiental y en la participación ciudadana, la que se manifiesta a través de instancias organizadas de la sociedad civil. No obstante lo anterior, todavía existen múltiples amenazas a la conservación de la biodiversidad, derivadas de actividades productivas mal diseñadas, ejecutadas y fiscalizadas. Esta situación ha motivado la aparición de una sensibilidad ciudadana que exige resolver los problemas ambientales que afectan su calidad de vida. La gestión ambiental del sector forestal presenta una mezcla de significativos avances con la persistencia de debilidades que dificultan su progreso. Se ha avanzado en el desarrollo de la relación público-privada, así como en el mejoramiento de la capacidad tecnológica y el manejo sustentable de las plantaciones forestales. También se han logrado notables avances en la configuración de sistemas de información, seguimiento y vigilancia de utilidad ambiental, destacando el Catastro del Bosque Nativo. Sin embargo, continúan los problemas relacionados con la capacidad fiscalizadora de CONAF. Además, persisten debilidades en los instrumentos relacionados con la conservación de los suelos, la dimensión ecológica de las aguas, las áreas silvestres protegidas y la protección de especies amenazadas. A esto se suma que una parte importante de los mecanismos de gestión son del tipo comando y control, sin que exista un correlato de incentivos ambientales adecuados. Los servicios ambientales que generan los bosques y las áreas silvestres se relacionan con la fijación de carbono, la cantidad y calidad del agua, la protección y recuperación de los suelos, la conservación de la biodiversidad y el ecoturismo. Potencialmente, estos servicios pueden ser una oportunidad para obtener beneficios económicos por parte de los propietarios del recurso forestal. Además, los servicios ambientales se han ido convirtiendo rápidamente en un factor de competitividad de los países. El país tiene pasivos ambientales producto de la acción lejana, como el caso de los incendios de Aysén, o más recientes, como la significativa pérdida de bosque nativo en la Cordillera de la Costa de las regiones del Maule y del Bío-Bío. El país también tiene activos ambientales asociados al sector forestal, ya que las plantaciones forestales generan externalidades positivas, como la captura de carbono y la recuperación de suelos erosionados (especialmente en la zona costera centro-sur), y los bosques nativos aportan a la calidad del agua, a la conservación de la biodiversidad y al ecoturismo. No obstante lo anterior, Chile ha colocado escasas energías en el desarrollo de un mercado para este tipo de servicios, excepto por precarios esfuerzos para establecer un programa de ecoturismo y turismo rural. En la práctica, el país no tiene un sistema de generación explícita de servicios ambientales, lo que no permite aprovechar los incentivos económicos para generar mayores beneficios ambientales y reducir los impactos negativos. Actualmente, existen las condiciones necesarias para lograr un crecimiento sustentable de la producción, siendo posible aprovechar el volumen potencial de madera que estará disponible cuando maduren las plantaciones forestales existentes. La materialización de las inversiones proyectadas en plantas industriales dará al sector forestal una importancia creciente en la economía nacional. De hecho, el desarrollo del sector productivo basado en las plantaciones forestales será una de las principales fuentes de nuevos ingresos para Chile en el futuro cercano. Sin embargo, la industria forestal tiene un desarrollo dual, muy asimétrico, que genera una gran desigualdad en términos de las opo rtunidades de crecimiento. En un extremo, asociado a las plantas de celulosa y los grandes aserraderos, existen dos grupos empresariales de gran dinamismo que podrán aprovechar óptimamente el mayor recurso forestal disponible; mientras, en el otro extremo, asociado a los aserraderos de menor escala y a la industria secundaria, existe una multitud de empresas medianas y pequeñas que, en su mayoría, presentan un desempeño pobre, sin economías de escala, con baja calidad de producción y bajo nivel tecnológico y que, por consiguiente, tendrán más dificultades para acceder a las oportunidades de crecimiento. El impacto ambiental negativo de las actividades forestales productivas irá disminuyendo en el tiempo, como consecuencia de la implementación de mejores tecnologías de producción y de la aplicación de mejores prácticas silviculturales (aunque con rezago por parte de las PYME). Este cambio es inducido por la preferencia de los mercados internacionales por comprar productos forestales provenientes de bosques manejados sustentablemente y procesados sin generar contaminación. De hecho, las empresas chilenas ya han asumido la necesidad de obtener una certificación de buen manejo del recurso forestal, aplicando estándares de alto nivel, así como también están adoptando mecanismos de pr ducción limpia. En forma complementaria, las regulaciones vigentes han logrado disminuir a un nivel mínimo la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales, reduciendo con ello el mayor conflicto ambiental del país. En los aspectos sociales, este subsector tiene serias falencias en términos de su aporte al desarrollo sustentable del país. En particular: (1) la alta concentración de la propiedad forestal e industrial restringe la capacidad de crecimiento de las PYME; (2) las empresas forestales aportan poco al desarrollo local y en ocasiones alteran negativamente las condiciones de vida de las comunidades rurales; (3) la calidad del empleo rural es precaria y el nivel de empleo no ha aumentado, a pesar del incremento significativo de la producción, y (4) existe una valoración social negativa de las actividades forestales productivas, lo que favorece que los conflictos ambientales se magnifiquen fácilmente en la conciencia colectiva nacional. El estado general de abandono en que se encuentran los bosques nativos productivos tiene un efecto negativo en el nivel de riqueza potencial del país. Además, debido a que parte de ellos tienen un uso inapropiado, es claro que el país está desaprovechando un valioso patrimonio natural renovable. Los principales factores de degradación del bosque nativo son la extracción de leña y la introducción de ganado (principalmente porque afectan a la regeneración). Para contrarrestar el impacto económico y ambiental nocivo de estas actividades es necesario valorizar el bosque nativo productivo mediante prácticas de manejo forestal sustentable. Dado que existen problemas estructurales para lograr tal objetivo, se requiere que el Estado asuma un rol subsidiario, implementando un fondo público destinado a fomentar la recuperación y el manejo del bosque nativo. Este fondo está contemplado el proyecto de ley respectivo que se tramita actualmente en el Congreso. Con un monto de bonificaciones similar al del DL 701, se estima que 50 mil hectáreas podrían ser intervenidas anualmente dentro de un esquema de manejo sustentable, impulsando así la dinámica productiva y garantizando el abastecimiento industrial sobre la base de un recurso renovable que contribuirá al crecimiento futuro del país. Los pequeños y medianos propietarios controlan una superficie significativa de renovales con un relativo buen acceso, por lo que el fomento productivo se podría orientar en forma natural a las PYME forestales. Esto podría generar una importante fuente laboral, especialmente apropiada para zonas rurales que tienen un nivel de subempleo permanente, contribuyendo con ello a corregir los desequilibrios en el acceso a las oportunidades que se dan en el sector. Sin embargo, para que el gasto público sea eficiente, será necesario encontrar un mercado para la gran cantidad de madera pulpable que se generará en el primer período de aplicación de la ley, lo que constituye un desafío difícil de solucionar, debido a la tendencia mundial a reducir la utilización de especies nativas en los procesos industriales. La conservación de la biodiversidad es fundamental para el desarrollo del país, ya que constituye una fuente de riqueza y bienestar indispensable para mejorar la calidad de vida, la integridad cultural y la supervivencia de las generaciones actuales y futuras. Sin embargo, su grado de deterioro está en directa relación con el desconocimiento de su importancia y la gran presión de las actividades humanas. Según la evaluación del desempeño ambiental del país realizado por la OCDE, actualmente la protección de la naturaleza no cuenta con el énfasis ni los recursos suficientes para resguardar en el largo plazo la diversidad biológica altamente endémica de Chile. No hay leyes específicas para la conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes. Los fondos disponibles son insuficientes para proteger la naturaleza y fiscalizar el cumplimiento de las normas. Aunque el país tiene un alto índice de protección general, en términos de superficie, algunos ecosistemas significativos no están debidamente representados en el SNASPE, y al ritmo actual de avance es difícil que se alcance la meta de tener protegido el 10% de todos los ecosistemas significativos en el año 2010. La ausencia de un sistema eficaz de planificación territorial hace que los hábitat fuera de las áreas silvestres protegidas sean vulnerables a la destrucción. En particular, los bosques nativos que no están en áreas protegidas continúan expuestos a incendios originados por el hombre y a la tala ilegal de especies valiosas. Por estos motivos, es necesario implementar una estrategia para la conservación de la biodiversidad, que contribuya a mejorar la gestión sustentable del patrimonio natural, del cual los bosques nativos y las plantaciones forestales son una parte significativa. La iniciativa del Gobierno llamada "Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad", se basa en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Chile en 1994, en el que se estipula que es posible revertir la tendencia al empobrecimiento del medio natural cuando la sociedad en su conjunto y las poblaciones locales obtienen beneficios directos de la conservación y utilización sustentable de la diversidad biológica. En términos más concretos, se requiere tener un plan nacional de mediano y largo plazo que defina acciones específicas que actúen sobre el patrimonio natural del país, con objetivos orientados a la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. También se requiere implementar estrategias regionales que consideren el desarrollo del turismo asociado a la naturaleza como un mecanismo que permita generar y distribuir en la población local los ingresos necesarios para el manejo sustentable de los recursos naturales. El turismo es un sector económico que ha crecido rápidamente en los últimos años y los datos disponibles indican que el 60% de las personas que visitan el país lo hacen atraídos por su naturaleza, la cual ofrece una amplia variedad de ecosistemas, desde las zonas desérticas del norte, los bosques húmedos templados y los lagos del sur, hasta las estepas y glaciares de la zona austral. Chile tiene un interesante potencial para generar servicios ambientales, tanto para consumo interno como para transar en el mercado externo. Sin embargo, los problemas asociados a su medición y valoración, junto con la inexistencia de un marco jurídico adecuado, constituyen significativas limitaciones para desarrollar este potencial. Además, tanto en el ámbito público como en el privado, se aprecian dificultades para identificar la generación de los servicios ambientales como una nueva y significativa área de negocios y como una base para lograr ventajas competitivas. Estas dificultades restringen por sí mismas las iniciativas innovadoras en esta temática, pero además condicionan la falta del soporte financiero que tienen otras áreas productivas para enfrentar empresas de alto riesgo. A continuación se indican con mayor detalle algunas de las limitaciones que presenta el país para desarrollar un mercado de servicios ambientales: La gestión territorial -base para la generación de estos servicios- muestra escaso desarrollo a nivel nacional, pese a la creciente relevancia que tiene para la competitividad de los países y para acreditar la sustentabilidad de la producción forestal. La institucionalidad y legislación vigente no proporciona las condiciones necesarias para gestionar la base productiva que genera estos servicios, para desarrollar nuevas actividades asociadas a ellos y, especialmente, para desarrollar los correspondientes mercados. Se carece de información suficientemente confiable acerca de los servicios ambientales y sus mercados, que permita romper la reticencia de los tomadores de decisiones acerca de estas nuevas áreas de gestión territorial. Tampoco se conocen bien las estructuras institucionales y de mercado requeridas para reducir la incertidumbre asociada a la generación y comercialización de los servicios ambientales. Se carece de conocimientos y metodologías en las áreas más promisorias y factibles de gestión; por ejemplo, en el caso de los servicios ambientales de aguas recién se comienza a obtener un conocimiento básico, y en el caso del carbono, donde se cuenta con mayores conocimientos, las metodologías aún tienen problemas de aplicación. Finalmente, se debe tener presente que el país tiene un problema cultural para desarrollar iniciativas de tipo asociativo. El comportamiento típico, que privilegia lo individual y deja poco espacio para lo colectivo, constituye una importante barrera para establecer iniciativas que requieren de la participación y el acuerdo de un conjunto amplio de actores. Es fundamental dar solución a los problemas mencionados anteriormente, para que el sector forestal pueda materializar efectivamente el gran potencial que tiene para aportar al desarrollo sustentable del país. Como tales problemas no se van a resolver sólo por la acción de los privados, aunque se apliquen presiones de mercado o se impongan nuevas regulaciones legales, es necesario que el Estado asuma un rol orientador y subsidiario más activo en este sector productivo. En particular, se considera prioritario realizar las siguientes acciones: Implementar una institucionalidad pública forestal orientada a maximizar la generación de beneficios para la sociedad nacional, especialmente para los habitantes de los sectores rurales con mayor dependencia de los bosques. Para ello se deberán establecer mecanismos de articulación y coordinación del sector en términos de su relación con las demás instituciones del Estado. Esto permitirá insertar los temas forestales como prioridades en las políticas de gobierno de nivel medio, tales como infraestructura vial, investigación y desarrollo, educación y capacitación, protección contra plagas e incendios, y turismo y recreación. Incrementar el patrimonio forestal nacional junto con generar oportunidades de empleo rural. Para ello, se deberá promulgar la ley de bosque nativo y fomentar su aplicación, lo que permitirá enriquecer el patrimonio chileno con bosques nativos bien manejados, con el consecuente mayor nivel de trabajo en las zonas rurales del país. Además, se deberá mejorar la eficiencia y efectividad del programa de forestación campesina en términos de su aporte social y ambiental. Definir las bases de un sistema de gestión ambiental del recurso forestal, dentro del cual el diseño e implementación de una matriz integrada público-privada para la conservación de la biodiversidad tiene un rol muy importante. Además, es conveniente fomentar el establecimiento de plantaciones forestales con objetivos ambientales, prioritariamente con especies nativas que permitan recuperar ecosistemas dañados. Tales plantaciones podrán, eventualmente, optar a los beneficios derivados del Protocolo de Kyoto. Fomentar la asociatividad de las PYME forestales, con el propósito de facilitar su acceso a mejores tecnologías y mercados. Para ello se deberán sintonizar las acciones de INFOR y CONAF con los requerimientos de las asociaciones de productores, además de proporcionarles el apoyo necesario para que utilicen mejor las múltiples instancias que tiene el Estado para potenciar el desarrollo de las PYME. Se deberá privilegiar la relación de las instituciones del Estado con las asociaciones de productores, como una medida para dar mayor efectividad a las acciones del Gobierno. Desarrollar iniciativas conducentes a establecer un mercado para los servicios ambientales, junto con implementar una estructura administrativa que permita a los propietarios obtener, sobre la base de un manejo sustentable del recurso forestal, ingresos adicionales y complementarios a los que pueden obtener mediante la producción de bienes. La generación, cuantificación y comercialización de servicios ambientales es un desafío que, de ser adecuadamente resuelto, podría fortalecer la actividad productiva, crear nuevas fuentes de trabajo rural y mejorar la gestión ambiental del país. Promover la certificación forestal, la aplicación de mecanismos de desarrollo limpio y los acuerdos de responsabilidad social empresarial, principalmente dando apoyo a las PYME. Continuar avanzando en la definición de criterios y estándares de certificación forestal que permitan su implementación por parte de los propietarios y empresarios que no han podido acceder al modelo de certificación actual. Las líneas de acción para lograr una certificación más amplia deberán promover la transferencia tecnológica, la simplificación de los procesos y el trabajo grupal para aumentar la factibilidad de implementación. Crear mecanismos de interlocución y articulación público-privadas, que faciliten un trabajo conjunto orientado a aprovechar las oportunidades que existen para mejorar las relaciones entre las empresas forestales y las comunidades locales. Las empresas han manifestado su intención de asumir una mayor responsabilidad social en el desarrollo local, por lo que le corresponde al Gobierno, en sus distintos niveles administrativos, apoyarlas en la realización de actividades concretas que satisfagan las necesidades comunales. Acordar entre los actores sectoriales una estrategia nacional en relación con el manejo de los recursos forestales. Posteriormente, se deberá implementar una política comunicacional para cambiar la imagen negativa que la sociedad tiene de la actividad forestal productiva, logrando destacar en la opinión pública sus aspectos positivos y la contribución económica que hace al país. Es necesario tener presente que la mala percepción social del sector forestal-productivo podría afectar su normal funcionamiento. André Laroze Bareyre

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